Hace unos
días otro autobús comenzó su gira por Madrid. En esta ocasión, curiosamente,
bendecido por los permisos municipales que veían todo en regla y lo que es peor, sin que la fiscalía viera ningún delito en ello a pesar de denunciar a personas
que nunca se han visto imputadas o investigadas por casos de corrupción; José Mª Aznar, Felipe González o Eduardo Inda, entre otros, por muchos recelos que haya. Toda
una vulneración del derecho al honor que nuestras leyes reflejan de forma
expresa:
“Conforme al artículo dieciocho, uno, de la Constitución, los
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el
texto constitucional que el artículo veinte, cuatro, dispone que el respeto de
tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de expresión
que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de
fundamentales.”
Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo
Y justo en estos días se ha
desarrollado una operación por la U.C.O de la Guardia Civil que ha culminado con la detención
e ingreso en prisión incondicional del que fue presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid entre 2012 y 2015, Ignacio González, mano derecha durante 20 años de Esperanza
Aguirre que ha visto así como otro de sus más íntimos colaboradores era acusado
de prácticas corruptas en beneficio propio.
Hace unos años, me llamó
poderosamente la atención un artículo escrito en
ABC por Lorenzo Bernardo de
Quirós, en el que defendía o mejor dicho distinguía entre el corrupto y el
corruptor, de forma que apelaba a la necesidad que podría tener un empresario
para pagar “mordidas” al político de turno si quería mantener su empresa a
flote y consecuentemente el empleo. Algo que te hacía entrar en una difícil dicotomía,
pues se trataba de establecer quien era el corrupto y quien el corruptor.
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| L. Bernaldo de Quirós |
¿Es siempre el empresario
el que tienta al político con dinero y prebendas ablandando la voluntad y la
honestidad de este? o ¿es el político el que obliga al empresario a pagar una
comisión si quiere ser proveedor o contratista de las AA.PP.?
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| I. González, expresidente CAM detenido |
Como verán la cuestión no
es fácil de determinar. Para mí que existen los dos tipos: Políticos que
desarrollan su carrera para medrar y enriquecerse fácil y cobárdemente con los
caudales públicos, extorsionando a los empresarios y empresarios que sobornan a
los políticos de conciencia y principios débiles para obtener réditos de una
forma fácil y sencilla.
En ambos supuestos el uno
sin el otro nunca sobreviviría y en consecuencia debería ser el actor pasivo -político
o empresario- el que denunciara estas tramas para acabar con ellas de forma radical.
Algo que mientras no ocurra
no nos dejará pensar que hay víctimas de la corrupción más allá de los
ciudadanos que con sus tasas e impuestos sostienen los presupuestos públicos.
Por ello solo con el compromiso
de las personas honestas – la inmensa mayoría- se puede acabar con esta lacra
que desde los años 80 se ha apoderado de nuestra economía, alcanzando su cénit entre 2000 y 2008, y que ha causado un
tremendo daño al bienestar general de los españoles, al empleo y a la credibilidad de su sistema político.
