Las pensiones y el PSOE

 

Es habitual cuando gobierna el PSOE que el tema de las pensiones se utilice para contrarrestar su política. Ocurrió durante el gobierno de Felipe González que se vio obligado a redactar la reforma de estas en 1985 (Ley 26/1985, de 31 de julio) y que le costó además dos huelgas generales organizadas por CC.OO. y UGT, el sindicato socialista.

Basta echar un vistazo a algunas portadas del diario "ABC" de hace ¡40 años! para darse cuenta:

"Pensiones de hambre, pensiones de risa" (3-marzo-1984)

"No se podrán pagar las pensiones" (11-septiembre-1984)

 Durante el gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, también. Este tuvo que congelar las pensiones en su modalidad contributiva con la excepción de las mínimas, tras la burbuja inmobiliaria (1998-2006) y la crisis financiera (2007). Ahora con Pedro Sánchez a los mandos, la presión mediática también ha llevado a promulgar una ley de medidas urgentes (Real Decreto-ley 2/2023) para crear un nuevo marco de sostenibilidad, que al tocar las bases de cotización ha sido tachada de presión impositiva y rechazada por los de siempre. "El PSOE nunca acierta".

Mientras, el Partido Popular en su mandato 2012-2018 se inventó la desindexación de la economía (Ley 2/2015, de 30 de marzo) para que trabajadores y pensionistas cargaran más aun con la inflación. Las pensiones se revalorizarían un 0,25% y los salarios lo que dijesen la CEOE, CEPYME y otras organizaciones empresariales. Incumpliendo así "El Pacto de Toledo (1995). Todo en orden.

La verdad es que en 1980 el gasto en pensiones sobre PIB era del 5,90%. En el 2000 del 8,82% y el pasado año cerramos con un 12%. Hemos pasado de 4,7 millones de pensiones (1980) a más de 10 millones (2024). El número de afiliados a la Seguridad Social se ha doblado, pasando de 10,4 millones a 20,8. Y la población residente ha pasado de poco menos de 38 millones a más de 48 millones de habitantes. La inflación acumulada ha sido del 471,2%, según el I.N.E. desde diciembre de 1980.

En el estudio ministerial, que ha dado base a la ley, se estima un máximo de 14,97% para 2047, de ratio Gasto/PIB, que encaja con los parámetros de la U.E.

        Por una parte, se pone en marcha un proceso de ajuste financiero mediante el cual se trata de moderar el gasto en pensiones a largo plazo, endurecer las condiciones de acceso e ir aproximando la proporcionalidad entre las aportaciones de los trabajadores y las pensiones percibidas, conjugando la tasa de reemplazo, poder adquisitivo de la pensión media (en la actualidad ≈ 72%) y la esperanza de vida (≈ 83 años). Dado que el sistema estaba inicialmente previsto para una prestación de 8 o 10 años, cuando actualmente es de 18 o 20 años, en términos medios; por otra parte, y lo que es quizás más importante, se van a ir construyendo las condiciones ideológicas y los instrumentos legales e institucionales para favorecer sistemas complementarios privados de pensiones.

        Ambos procesos podrían concluir con el tiempo en un sistema tripolar de pensiones: un sistema asistencial (básico y financiado con impuestos generales), otro sistema profesional o contributivo (financiado con cotizaciones y de capitalización) y un tercer sistema privado (financiado con ahorros colectivos o individuales).

        Es lo que tenemos y a lo que debemos de hacer frente si no queremos que el sistema quiebre de verdad, no por falta de capacidad sino por falta de entendimiento e intereses políticos espurios: “Quítate tú que me pongo yo”.

        No olvidemos que todas las proyecciones que se hacen a 40 o 50 años vista, pasarán por períodos de crisis que posteriormente se corregirán y para ello se ha trabajado con parámetros conservadores refrendados por la estadística actual.