¿Es tan difícil acabar con el fraude fiscal?

Aunque no existen estudios oficiales ni suficientemente contrastados, lo que si parece evidente es que en España el fraude fiscal tiene un tono muy elevado. Hasta el 28% del PIB, estiman algunas fuentes.

El fraude fiscal

Que nuestro presidente y nuestro ministro de economía, vean con mucha dificultad atajar el mismo, es toda una declaración de lo poco que les interesa dicha cuestión. O eso parece. Es más fácil seguir exprimiendo a los asalariados y asimilados.

Ayer decía Antonio Miguel Carmona, economista y político, en un programa televisivo, que según GHESTA (Sindicato de técnicos del Mininisterio de Hacienda) el 72% del volumen del fraude fiscal se producía en las grandes empresas. En algunas se entiende. Un tema sin duda muy controvertido, ya que otras fuentes apuntan a que estas lo único que hacen es extremar la aplicación de las leyes en su beneficio.
No obstante, un reciente informe de Ernst & Young indica que muchas compañías están ciegas ante los riesgos de fraude, soborno y corrupción que existen.

¿Pero creen ustedes que en la era digital sería tan difícil implantar un sistema en el que fuera casi imposible el fraude? Yo pienso que no. Veamos.

Lo primero que habría que hacer sería dotar a cada español o residente en España, de un documento electrónico, que podría ser el mismo DNI o tarjeta de residencia, tal que fuera obligatorio su utilización para cualquier transacción monetaria. Un documento análogo se debería de facilitar a las empresas en el momento de emitir o recibir una factura, realizar un pago o recibir un ingreso. La no recepción electrónica de una factura implicaría su no conformidad y consecuentemente su irregularidad.

Fuente: GHESTA

Así por ejemplo, el caso más simple de un ciudadano que acude a un bar a tomarse un refrigerio, a la hora de pagar -en efectivo o con tarjeta- deberá de facilitar también el documento que registre la transacción, que a su vez es enviada a los servicios fiscales para su tratamiento. De este modo, este sistema de pagos e ingresos registraría sin apenas error el movimiento monetario de cada sujeto fiscal. Que posteriormente serviría para contrastar con las correspondientes declaraciones de cada uno de ellos. Hay que acabar, entre otras cosas, con la fiscalidad por módulos y métodos similares.

Para que este sistema funcionase eficientemente, se establecería una deducción final de impuestos en función de los impuestos abonados, en correlación con los ingresos declarados.

¿Qué ocurriría entonces con esas otras actividades marginales o delictivas como pueden ser la prostitución o el tráfico de drogas?

Respecto de la primera, lo más adecuado sería legalizarla y regularla. De forma que su ejercicio en lugares adecuados y registrados se vieran sometidos también al control fiscal. Acabando también con esa hipocresía o doble moral que nos retrata desde hace muchos siglos.  En cuanto a la segunda, al tratarse de un delito, y grave, no cabría más solución que su persecución y erradicación, tal y como se hace en la actualidad. Sin descartar la legalización del hachís o la marihuana, estupefacientes tan dañinos como el alcohol o el tabaco, pero no más.

Economía sumergida. Fuente GHESTA

Nos queda ahora ver el tratamiento a dar a esa multitud de empresas que se crean en paraísos fiscales, dentro de la legalidad internacional y que requeriría de una voluntad firme y decidida de todos los países con convicciones democráticas y sociales. No obstante cada uno de los países, independientemente, debería de extremar la vigilancia de estas empresas e implicar a la banca en su control. Tal que las transacciones en uno u otro sentido sean conocidas y aprobadas por las autoridades fiscales.

Yo creo que con este esbozo de ideas, se podría minimizar mucho, tanto el fraude fiscal como la llamada economía sumergida. Que con una legislación complementaria fuertemente punitiva, hiciera pensarse dos veces antes de cometer un fraude fiscal.

Lo que no sería tan difícil si hubiera verdadera voluntad de acabar con esta lacra social, que perjudica a millones de sujetos fiscales en beneficio de unos miles o cientos de miles.

La inversión inicial en medios –equipos y programas- así como en recursos humanos necesarios para su vigilancia e inspección, sería una apuesta por la solidaridad y la justicia social, que aportaría unos beneficios tanto materiales como morales de gran envergadura.

¡Ahí lo dejo!