Autoritarismo y democracia

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones

Si algo distingue un régimen democrático de un régimen autoritario o dictatorial es la elaboración y promulgación de leyes justas que ordenan la convivencia así como el cumplimiento ineludible de las mismas por todos los que forman el Estado, como una comunidad organizada, sin distinción o privilegio alguno.

Todos los días estamos viendo y oyendo como el régimen presidencialista de Nicolás Maduro en Venezuela, por citar un ejemplo conocido, ningunea a la nueva asamblea surgida en las elecciones del pasado mes de diciembre, llevándonos las manos a la cabeza, ¡qué horror!

Viene esto a colación porque en los últimos tiempos un “exceso de interpretación” de las leyes por parte de algún político está poniendo en solfa los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Si no hace mucho tiempo, marzo-16, que el gobierno del Sr. Rajoy comunicaba oficialmente al Congreso que se negaba a ser sometido a control parlamentario mientras esté en funciones, ahora tras las nuevas elecciones y ser propuesto como candidato a la presidencia del gobierno por S.M. el Rey Felipe VI, una serie de declaraciones ambiguas, en las que mantiene que a lo que realmente se ha comprometido es a intentar formar Gobierno y, en consecuencia, hacer todo lo posible para recabar los apoyos necesarios. Nada más.
La investidura queda “para otro momento procesal que afecta a las dinámicas parlamentarias”.

Notificación de La Casa Real

Así pues dicho esto, la vicepresidenta Soraya nos ha soltado otra frase para la historia: "La coherencia personal y política está antes que la coherencia jurídica", con lo cual nos despeja todas las dudas sobre el objetivo real del actual presidente en funciones: aferrarse al cargo ya sea en funciones o apelando al discurso alarmista y catastrofista, bloqueando los plazos legales para la convocatoria de unas terceras elecciones, si es que como parece no se echa a un lado y deja que otro compañero o compañera lo intente. El Sr. Rajoy es ya “un cadáver político” aunque se le quieran mantener las constantes vitales en esa UCI política en que se ha convertido el Partido Popular.

La interpretación interesada por tanto que hacen del artículo 99.2 de la Constitución Española de 1978, no puede ser más interesada y torticera.

Cuando tras las elecciones de diciembre de 2015, Mariano Rajoy declinó la propuesta del rey Felipe VI y cayó la designación en Pedro Sánchez del PSOE, se apresuraron las huestes del Partido Popular en fijar plazo y fecha para la sesión de investidura.

Y ahora ya ven ustedes, hacen de España su cortijo. Dejando la labor e imagen del Congreso como si de una reunión formal o protocolaria se tratase y que todo se pacta o no, en bares, restaurantes u otros sitios de ocio. ¡De pena! ya no dan ni ejemplo.