¿Dónde van nuestros impuestos?

    Cuando hablamos de dónde van nuestros impuestos, lo primero que dice el político de turno es, a Sanidad y Educación. Pues bien, estas son competencias de las CC.AA. y por lo tanto suya es la gestión. 

    Mientras qué, en los Presupuestos Generales del Estado sus tres partidas más importantes se dedican a pagar las pensiones (32,7%), los intereses de la deuda pública (22,1%) y las transferencias a las CC.AA. (11,4%). En estas, sus partidas más destacables son, según vemos en el gráfico:

    En primer lugar, la Sanidad con un 31,2% del presupuesto, seguido del resto de funciones o políticas con un 25,4% y en Educación el 20,3%.

    En el siguiente cuadro podemos observar el gasto de cada una de las 17 comunidades en sus diferentes apartados.

Cuadro: Secretaría de Financiación Autonómica y Local. Gobierno de España

    Pero, teniendo en cuenta la diferencia de riqueza entre unas y otras comunidades, así como su número de habitantes, para tener una visión comparable y más objetiva, el gasto quedaría así mejor reflejado:

    Si ahora nos centramos en las partidas más relevantes, podemos observar que en Sanidad la C.A. que más gasta es Asturias y la que menos Madrid. En Educación, el País Vasco la que más y Madrid, la que menos.

    Ahora bien, ¿gastar más o gastar menos es signo de eficacia? Esa es la gran pregunta. Y su respuesta tendría que venir acompañada de una encuesta seria de satisfacción de los ciudadanos con los servicios para poder valorar realmente la gestión.

    Por otra parte y para concluir, hoy la campaña existente de que en España se pagan muchos impuestos, cuando tanto la presión como el esfuerzo fiscal están en orden con los países de nuestro entorno, solo obedece a la desestabilización del sistema y a la búsqueda de la imposición de otro donde el poder del dinero sustituya al poder de la ley: El neoliberalismo o capitalismo salvaje.

¡Una beca por favor!

Wert, en la entrega de premios 2013

De nuevo el ministro Wert, nos ha “deleitado” con otra ocurrencia. Él, junto a Ruiz Gallardón, están consiguiendo lo nunca visto. Qué todos los implicados dentro de la política de su competencia, rechacen tajantemente las innovaciones legislativas de uno y otro. Lo nunca visto.

En esta ocasión,  ¿en vías de rectificación?, al ministro Wert no se le ocurre otra cosa que establecer un mínimo de nota para poder acceder a una beca. El escándalo y la polémica, han sido monumentales. Hasta el propio presidente, parece que ha llamado al orden al ministro por su “feliz ocurrencia”.

Y es que si pensamos un poco, solo un poco, ¿era necesario introducir tal reforma o criterio de evaluación? Yo creo que no.

Notas de Mariano Rajoy

Si el principal requisito para acceder a una beca es el nivel económico familiar o renta disponible, bastaría con que la oferta y demanda de becas se equilibren en base a la nota, de una forma implícita. Es decir, si hay mil becas ofertadas y 1500 solicitadas, lo lógico es que se adjudiquen las mismas a los mil solicitantes que mejor nota tienen. Otra cosa es que se garantizara la beca a partir de una nota. ¿O sí hay becas para todos los que superen el 6,5?

Todo apunta a que se trata de una medida discriminatoria, que perjudica a los que menos recursos tienen, en aras de una supuesta excelencia, que no es tan excelencia entre un 5 y un 6,5.

Al final lo que concluyo, es que se trata de liar las cosas, que como todo está tan tranquilo se necesita crear algo de tensión. Y así distraer al personal.

¿Cuándo dimitirá?

Religión no. Religión sí.

José Ignacio Wert, Ministro de Educación

Hoy se ha conocido el contenido de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce), que esta mañana se ha convertido en proyecto de ley tras ser aprobado en Consejo de Ministros.

Pero antes de entrar en materia, me voy a referir a la asignatura de Religión. Que volverá a contar para la media del curso 20 años después y servirá para pedir becas y ayudas.

Nuestra ley de leyes, o sea la Constitución de 1978, dice en sus artículos 14 y 16, lo siguiente:

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

La Vicepresidenta del gobierno, hoy en Twitter

El hecho en sí de que los diferentes gobiernos utilicen esta asignatura como estandarte de su ideología, nos muestra tal cual el carácter inquisitorio de unos y otros. La quito, la pongo, la quito, la pongo. Despreciando absolutamente lo que dice la ley. Algo que se resume en que el Estado no entiende de religiones. Algo que es personal y privativo de cada cual. Y digo esto desde mi formación y creencia cristiana, por lo que no me gusta ver manipulado algo tan trascendental, que merece más respeto que el de ser producto de oferta electoralista.

Pero volviendo al núcleo del asunto, la nueva ley de educación, y atendiendo a lo dicho por la vicepresidenta del gobierno, Dª Soraya Sáenz de Santamaría, nuestro sistema educativo es malo y muy caro. Si contamos sólo las reformas del sistema educativo básico desde 1970, tenemos hasta hoy 5 grandes reformas:

1. LEY 14/1970, de 4 de agosto, GENERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA (LGE)
2. LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE)
3. LEY ORGÁNICA de Ordenación General del SISTEMA EDUCATIVO, de 3 de octubre de 1990 (LOGSE)
4. LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE)
5. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN (LOE)

Ministerio de Educación (España)

Algo que parece exagerado, si además tenemos en cuenta que cada vez hemos ido perdiendo calidad y profundidad, respecto a otros países de nuestro entorno socio-económico. Un auténtico fracaso.

Con lo que podemos concluir que el fracaso no es de nuestros escolares, sino del sistema, que utiliza la educación como instrumento político de adoctrinamiento, sin preocuparle realmente la forma ni el contenido. Olvidándonos de que la mejor enseñanza está en el ejemplo. Algo que desgraciadamente hoy brilla por su ausencia.

¿No resulta paradójico, que a estas alturas de la historia moderna, junto a asignaturas tan básicas y necesarias, como las matemáticas, la lengua, la geografía, la historia (no manipulada), la filosofía, la informática, la física o los idiomas, nunca se haya tratado una materia como el Derecho, cuando nuestro Código Civil que data de 1889, dice en su artículo 6º.1: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”?

¿No es hora ya de que se haga con verdadera profesionalidad y eficacia un sistema educativo que únicamente piense en la mejor formación posible?

Sanidad, Educación y Pensiones

Se está haciendo demagogia con temas sociales básicos, de interés capital, esto creo yo. Tales son la sanidad, la educación pública y las pensiones. Las dos primeras tienen sus competencias transferidas a las CC.AA. Ambas son materias que requieren de una inversión pública importante. Ambas deben de seguir siendo eficientes y eficaces. Ambas deben de llegar a todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica.

Pero mantener la universalidad y el alcance de ambas, no implica abandonar la búsqueda de fórmulas o soluciones que mejoren su financiación. Fórmulas que permitan la viabilidad y eficacia futura de las mismas, tal y como las conocemos. Y esas fórmulas son sencillas y fáciles de aplicar, si de verdad hay sinceridad, interés y un sentido práctico en su aplicación. El colaborar cada uno, en la medida de sus posibilidades, al sostenimiento de estos servicios, no implicaría nada más que redistribuir de forma mejor los esfuerzos, para que todos podamos seguir gozando de una sanidad y una educación de calidad.

Para ello, mi propuesta es crear unas tasas en función de la renta disponible y de la situación personal de cada uno. Me explico:

En primer lugar, ambas materias no pueden costar lo mismo al que tiene mil euros al mes que al que tiene diez mil. Es injusto e in-solidario. Si, ya sé que con los impuestos directos e indirectos ya se ha hecho un primer esfuerzo de contribución diferenciada. Pero también hay que ver quien le da más o menos uso y mejor aprovechamiento. Y aquí está la segunda cuestión. Si exceptuamos enfermedades crónicas y graves, niños y personas de avanzada edad, que deberían de ser siempre asistidas tal y como lo son ahora, el cuidado de la salud común si debería de ser objeto de una tasa por uso del servicio- atención primaria, especialista o intervención quirúrgica-.

Lo mismo respecto de la educación. Hay quién aprovecha el tiempo, aprende y aprueba. Y quién no lo aprovecha, no aprende y suspende. Evidentemente tampoco es justa esta situación. Por lo que igualmente se debería de introducir una tasa diferencial en función del aprovechamiento adecuado o no del servicio. Todo siempre, con criterios de proporcionalidad con la renta disponible, la situación personal y el adecuado uso de los servicios.

El sostenimiento del sistema y su viabilidad futura depende de ello. Lo contrario hará insostenible el mismo y sus consecuencias serían peores e irreversibles.

Por último el tema de las pensiones, que requiere ya de una solución inmediata y consecuente con la coyuntura, que se debe de afrontar sin mayor dilación, dado el enorme peso que tiene en el gasto social del Estado. Los tiempos han cambiado y debemos de adaptarnos a ellos con perspectivas de futuro. Hay que legislar para obligar a crear un sistema privado adicional de pensión desde los primeros andares laborales. La cantidad aportada hoy en día, teniendo en cuenta la esperanza de vida y la etapa laboral, no permite pagar las cantidades que se pagan. Lo contrario es cerrar los ojos a la realidad, hacer demagogia, no decir la verdad y crear una burbuja que el día que explote, tendrá consecuencias imprevisibles.

El Estado del Bienestar, no significa negar la aritmética y la realidad social.