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lunes, 6 de junio de 2022

Banco Popular 5º Aniversario (2017-2022) R.I.P.

Sede del T.J.U.E en Luxemburgo

El pasado mes de diciembre el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T.J.U.E.), cuya opinión no es vinculante, pero sí altamente influyente, negó a los ex inversores de Popular que puedan pedir una indemnización al banco Santander, por las acciones adquiridas antes de la resolución de la J.U.R. (Junta Única de Resolución), S.R.B. por sus siglas en inglés.

Más recientemente, a principios de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T.J.U.E.) se pronuncia y exonera a la entidad financiera de indemnizar a los accionistas del Banco Popular.

El fallo del T.J.U.E. recuerda que la directiva de resolución establece que son los accionistas y acreedores de un banco en proceso de resolución quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento.

Una sentencia “impecable” que reconoce la legalidad del acto ejecutivo pero que de ningún modo entra a valorar cuales fueron las razones para que se produjera esa resolución. Es decir, como si un médico forense confirmase la defunción de una persona pero no aclarase si la muerte ha sido provocada o por causa natural. Todo en orden.

Por otra parte, el T.J.U.E. también reconoce que estos inversores tienen derecho a ser compensados por las instituciones europeas, pero solo por la diferencia en el caso de que se determinara que perdieron más por la resolución que lo que habrían perdido en un proceso de liquidación ordinario(*). La pirueta jurídica aquí es de sobresaliente, hay que admitirlo, ya que emplaza a demostrar un dato de un acto que no se produjo, ni se puede producir ya.

(*) La J.U.R. se basó en un informe elaborado por Deloitte. Informe que estimaba que el banco Popular habría perdido entre 23.400 y 28.170 millones de euros en un proceso de insolvencia ordinario, en el escenario más benévolo. En el más negativo, las pérdidas habrían ascendido hasta los 34.000 millones de euros (unas horquillas de por si muy amplias) y de una magnitud inmensa. "Buen trabajo" de Deloitte.

Como tampoco se tuvieron en cuenta en su momento otras alternativas viables como eran el interés de algunos bancos en adquirirlo o una ampliación de capital que reforzase su balance y que al parecer estaba ya prevista, según declaraciones de Emilio Saracho en la Audiencia Nacional, para el 12 de junio de 2017, cinco días después de la resolución. Sí, no se rían.

Diversos ejecutivos de bancos comerciales que han declarado ante el juez han cuantificado, ´a posteriori´, las siguientes cantidades como déficit de provisiones, créditos dudosos y/o tasaciones, que en ningún caso supone que se tradujeran en pérdidas reales:

Banco Sabadell                     -5.900 MM €

BBVA                                     -6.000 MM €

Bank of America                   -5.000 MM €

Bankia                                  -7.000 MM €

Todas, cifras muy alejadas de las que sirvieron como base a la J.U.R. para adoptar la decisión, según el informe de Deloitte de un escenario simulado, imposible de contrastar, hecho con rapidez y sin el debido tiempo para una elaboración correcta, dada la trascendencia que tenía.

Santander inicia la integración (oct-2017)

Sin olvidar tampoco que en ningún momento solicitó ayudas públicas como otras entidades españolas y europeas. Y que según FUNCAS en 2013 ascendían a 673 mil millones de los que se daban por perdidos la cuarta parte (<150 mil millones), un 5,2% del PIB de la UE-27.

Y que de ser ciertas, la solución estaba clara: ampliación de capital o venta a otro banco más potente, dado que el negocio recurrente era rentable.

También lo corrobora el hecho de que el Banco Santander realizó una ampliación de capital de 7.072 MM € para "hacer frente a la adquisición".

La operativa corriente del banco era positiva y el lastre de sus activos inmobiliarios había superado esas anteriores pruebas externas de; Oliver Wymann (2012), BCE (2014), EBA ( 2015), Agencias de calificación Fitch, Moody´s y S&P (2016 y 2017) ¿Cómo es posible que ya en plena recuperación del mercado inmobiliario, estos activos pudieran lastrar la solvencia del banco más que antes?

Algo que de todas formas contrasta con los hechos, ya que los 3 años siguientes a la resolución la mejora de los resultados del Santander fue sustancial. Y no se aprecia en sus balances y/o cuentas de resultados deterioro o menoscabo alguno, más bien todo lo contrario, un refuerzo y mejora.

Resumen comparado resultados y balance

Así entonces podemos deducir o concluir en los siguientes:

HECHOS INCUESTIONABLES.-

1.- ¿El balance y las cuentas estaban alterados? Diversas sentencias judiciales lo acreditan dando la razón a los demandantes por la adquisición de acciones y/o bonos del Banco Popular desde 2012. El informe pericial de los inspectores del Banco de España incide en lo mismo al responder así al requerimiento de la Audiencia Nacional. Algo que incurre en presuntos delitos recogidos en el Código Penal vigente. Por lo que no es lógico ni racional que, si las demandas interpuestas por falsedad en las cuentas en tribunales españoles algunas están resueltas y otras están pendientes de resolver, un tribunal de justicia europeo se pronuncie en vía civil. Ya que si las cuentas estaban falseadas hay ilícito penal y si no lo estaban el banco era solvente: Jaque mate.

2.- Por otra parte, el documento de los peritos del BdE, afirma que el principal culpable de la inviabilidad del banco fueron las tres grandes oleadas de fuga de depósitos, especialmente la del 31 de mayo. Las retiradas de fondos fueron masivas, algunas desde organismos de la Administración Pública Española.

"Dicho de otra forma, las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos", exponen los peritos.

3.-La denegación de algunos informes claves por parte de la J.U.R. y del Banco Santander que aclarasen lo que realmente ocurrió, argumentando problemas de estabilidad financiera. Increíble.

4.- La extraña, sospechosa y anómala gestión de Emilio Saracho, durante 108 días, así como algunas de sus declaraciones. Algo que también ponen de manifiesto en su informe los peritos del BdE que deja bien claro que: “las razones de la resolución hay que buscarlas dentro de la entidad”. Un gráfico de cotización bursatil evidencia "su gestión".

5.- El importante volumen de acciones que se negocian entre los días 31 de mayo y 6 de junio, que lleva la cotización de 0,609 a 0,317€ (-47,9%) que solo puede responder a información no accesible para el accionista ordinario, sin que la C.N.M.V. actuase suspendiendo la cotización como ha ocurrido en otros casos y es su obligación.


Por todo ello, con independencia de cual sea la sentencia o fallo final, hay una cosa muy clara: Que su resolución no obedece a un hecho adverso sobrevenido no provocado ni a la situación financiera de la entidad en el momento de la intervención. O ha habido ilícito penal o había solvencia.

 Por último dejo los enlaces a otros seis artículos que escribí en su momento con otras reflexiones y algunos datos (Click en el título).

11-10-2012         BancoPopular: ¿oportunidad o engaño?

07-06-2017         De pelotazo en pelotazo

16-06-2017         ¡Hundid el Popular!

08-09-2017         ¿Enriquecimiento injusto?

02-02-2019         Banco Popular: El desenlace (y IV)

01-02-2020         Banco Popular: El epílogo

También dejo un reciente artículo de 12 de mayo, de Diario Jurídico, en el que se analiza y critica la sentencia del T.J.U.E. de una forma muy clara.

¡Buena Suerte!



martes, 15 de mayo de 2012

La C.N.M.V. : ¿Un despropósito organizado?

Según reza en sus intenciones: “La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores.”
Algo que en los últimos tiempos se ha visto cuestionado por diversos acontecimientos, siendo el último caso el de Bankia, donde han fallado todos los sistemas de control.
Miles de pequeños accionistas se han visto atrapados en pocos meses desde su salida a bolsa, con perdidas cercanas al 50%. En esta ocasión no ha habido la diligencia y agilidad que hubo con los ya tristemente famosos pagarés de Nueva Rumasa. Entonces, con un gran despliege mediático, la CNMV alertó a todo aquel que quisiera escuchar, que la citada emisión no estaba sometida a su control y regulación. Y por tanto existía un cierto riesgo en dicha inversión. Algo que desgraciadamente ocurrió. Este acierto, dentro de sus competencias, no dejaba de tener un “tinte político intenso” y yo no recuerdo nada parecido en su ya larga historia. El caso, por ejemplo, de Afinsa y Forum Filatélico, no estaba dentro de sus competencias debido a las especiales características de producto de inversión. No obstante si creo podían haber alertado, a título informativo, del potencial riesgo que se tomaba al invertir en tales productos, principalmente de carácter filatélico.
Tampoco estuvo ni ágil ni previsora, con las vicisitudes de miles de pequeños accionistas de La Seda de Barcelona, que vieron como su dinero se diluía en una gestión nefasta, presuntamente dolosa y fraudulenta, de sus ejecutivos. A día de hoy está pendiente de varias causas de responsabilidad penal y civil en los tribunales de Justicia.
Sede de la CNMV en Pº de la Castellana (hoy vacia)
El caso de Inmobiliaria Colonial, también deja mucho que desear en la labor supervisora y reguladora de la CNMV, donde también muchos miles de pequeños accionistas han perdido importantes cantidades de dinero, tras diversos acontecimientos, entre ellos una ampliación de capital llevada a cabo para re-equilibrar las cuentas.
Pero volviendo al reciente caso de Bankia, ¿Cómo se ha podido permitir tal desaguisado?
En primer lugar, ante las alarmas iniciales, el FROB (Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria) dependiente del Banco de España, inyectó unas cantidades nada desdeñables de dinero, para solventar la coyuntura. Se propició la llamada “fusión fría” (SIP) entre varias entidades para alejar la temida bancarrota. Se auditaron las cuentas, por parte de una reconocida y prestigiosa empresa, Deloitte. Se hizo una oferta pública de acciones, que conllevaban un descuento del 30 ó 40% de su valor en libros. Pues a pesar de todo, de ser una entidad dirigida políticamente, estar ayudada por el Tesoro Público, ser auditada dos veces, vigilada y autorizada su O.P.V., nos encontramos con la dimisión de su presidente de designación política reciente, con una nueva intervención del Banco de España y miles de accionistas engañados y estafados.
Y hasta el momento no hay un solo responsable de ninguno de los organismos, instituciones o empresas implicados que haya sido llamado por ningún juez a unas diligencias previas aclaratorias de lo que de verdad ha ocurrido. Tampoco la fiscalía ha tomado cartas en el asunto, como de oficio le correspondería ante la presunción de un delito de tal magnitud.
¡Tan sorprendente como decepcionante!