Tercer ejercicio (2019) tras la integración del Banco Popular en
el Banco Santander y los números demuestran que fue “una gran operación”.
Todas las cuentas arrojan unas diferencias positivas si
exceptuamos los costes de explotación que se resienten de la duplicidad de
puestos y sucursales, tarea que también se va desarrollando mediante despidos
acordados y cierre de oficinas.
Como se puede ver en el cuadro adjunto los resultados y el
balance en 2017 tras la integración de las cuentas, ya arroja unas diferencias a
favor, que hacen sospechar del verdadero valor del Banco Popular, que para nada
coincide con lo que la auditoría “exprés y a medida” decía. Cuentas que se han consolidado y mejorado con el tiempo. ¿Cúal era entonces el problema?
Hasta la fecha son múltiples las demandas judiciales y las
sentencias habidas hasta ahora que en su gran mayoría dan la razón a los afectados
y conminan al banco a devolverles su inversión. También el Defensor del Pueblo ha pedido una solución y ha criticado duramente la resolución.
Mientras la Junta Única de Resolución (JUR) que preside Elke König, aún no se ha
pronunciado sobre la conveniencia o no de indemnizar a los afectados.
Solo un medio de comunicación en España, Diario 16, está realizando una labor
encomiable en defensa del colectivo de accionistas y bonistas que vieron como
en la madrugada del 6 al 7 de junio sus ahorros se evaporaban.
El entonces ministro de economía, Luis de Guindos, hoy
disfruta de un importante cargo en el Banco Central Europeo, mientras está por
determinar la implicación que tuvo en la caída del banco tras la crisis de
liquidez, propiciada por administraciones públicas que retiraron su dinero de
forma masiva, creando una situación de emergencia que tampoco desde el banco
presidido por Emilio Saracho hicieron mucho por resolver.
Han sido peritos del Banco de España a instancias
judiciales, en su extenso informe de 8 de abril de 2019, tras muchos meses de
trabajo, los que han informado que: “La causa de la resolución de la entidad: tres episodios de fuga de
depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31
de mayo de especial gravedad”
Todo ello sin entrar a valorar si el proceso se realizó de
acuerdo con los protocolos fijados, que parece que no, lo que dejaría todo el
proceso de resolución invalidado. ¿Por qué? Pues porque los diferentes y prestigiosos bufetes de
abogados han llegado a la conclusión de que la intervención del Popular por la
JUR fue una chapuza monumental.
¿Será este año 2020 en el que veamos la finalización de
este proceso tan anómalo y se haga justicia para todos los afectados?
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