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| Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez |
Depende. Actualmente estamos
asistiendo a una instrucción cuya celeridad es enorme. Nada que ver con otros
casos que han pasado años o lustros en los juzgados para su instrucción hasta su resolución.
El caso que nos ocupa es el presunto
tráfico de influencias (artículo 404 bis del C.P.) y la presunta corrupción
privada (artículo 286 bis del C.P.) que haya podido tener Begoña Gómez, esposa
del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sus relaciones desde una cátedra
de titulación propia de la Universidad Complutense de Madrid, en la que lleva
colaborando desde 2012.
La denuncia se interpone en abril
por la organización Manos Limpias, ampliándose después en mayo y solicitando al
juez que le retire el pasaporte, ya que, a su juicio, existe "riesgo de
fuga". Y asegurando que Sánchez es “cooperador necesario” de los negocios
de su esposa, pero descartando actuar contra él.
La base de la denuncia es haber
tenido conocimiento a través de varios medios digitales de informaciones que
afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas,
en el comportamiento de la esposa del presidente del gobierno. Algo que el Tribunal
Supremo no admite desde hace años: abrir causas basadas solo en noticias periodísticas.
A principios de junio, La Fiscalía
Europea comunicó al juez que investiga a Begoña Gómez que
asume la causa por presunta corrupción contra la mujer del presidente del
Gobierno, dado que se presumía la utilización de fondos europeos.
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| Juan Carlos Peinado, titular del juzgado nº 41 (Madrid) |
No obstante, el juzgado nº 41 que
dirige el juez Juan Carlos Peinado, sigue instruyendo la causa por otras presuntas
acciones que dice no ha asumido la Fiscalía europea.
Estamos en julio, tres meses
después, y ya han declarado varios testigos, entre ellos Juan Carlos Barrabés,
que tras declarar y reconocer haber tenido alguna reunión en la Moncloa (como
decenas de empresarios), está ahora en calidad de investigado (antes imputado).
La investigada, Begoña Gómez,
compareció el pasado día 19, acogiéndose a su derecho a no declarar. Actitud
recomendada por muchos letrados, en fase de instrucción.
Hoy, día 22, el juez ordena la
comparecencia del presidente del gobierno en calidad de testigo, por lo que se
desplazará a tomar declaración el próximo día 30 al palacio de La Moncloa, sede
de la presidencia del gobierno y domicilio actual del presidente. Siempre que
la agenda del presidente no tenga otros compromisos de mayor relevancia e interés
para España, lógicamente.
Supongo que el presidente del
gobierno tampoco se prestará, y en consecuencia no hará ninguna declaración al
juez. Normal.
También supongo que al final todo
se quedará en agua de borrajas, pero mantener el caso vivo y con buenos o
espectaculares titulares, puede ser algo de alto valor electoral si se convocan
elecciones generales antes de su resolución. Muy probable.
Mientras, el Consejo General del
Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto, permitiendo todas las
actuaciones llevadas a cabo sin ningún tipo de comunicado, ni a favor ni en
contra. A pesar de toda la polémica suscitada. Por su parte, el fiscal asignado al caso ha pedido su archivo al no ver tampoco indicios de
delito.
(Continuará…)
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