Esta crisis que padecemos, va a llevarse o se ha llevado ya, derechos fundamentales como el enunciado en el artículo 35 de nuestra Constitución de 1978: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Las causas de esta crisis ya han sido expuestas en anteriores artículos: La burbuja inmobiliaria y el endeudamiento irracional. Las soluciones propuestas, van dirigidas contra el artículo 35 de nuestra Constitución: Más impuestos, menos sueldos y más precariedad en el trabajo. No se acomete una política más justa contra el exceso de beneficio empresarial, ni el libertinaje de los precios, ni contra la corrupción o el fraude, ni para mejorar nuestra estructura política del Estado. No.
Una circunstancia agravante, exclusivamente política, que engloba muchos de los factores negativos expuestos ha sido y es nuestro régimen autonómico.
La estructura de España en comunidades autónomas se articula también en la Constitución Española de 1978, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que componen el Estado. La división política y administrativa de España tiene forma de diecisiete comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.
Ello conllevó la creación de sendas estructuras políticas – gobiernos, parlamentos, organismos y empresas – que convirtió España en un auténtico disparate.
Ya en su momento el genial Fernando Vizcaíno Casas (1926-2003), abogado, periodista y escritor, en su libro “Las Autonosuyas" (1981), posteriormente llevado al cine, parodiaba el desatino de tal división política de España. Hoy, más recientemente Joaquín Javaloys, escritor y economista del Estado, en su libro premonitorio “El Ocaso de las Autonomías” hace un estudio histórico, analítico y entretenido de esta sinrazón en el que hemos convertido nuestro Estado.
El ahorro y la mejora de la gestión, con un sistema verdaderamente eficaz, dimensionado y responsable, supondría una inyección moral y económica a nuestra ya maltrecha situación. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué nuestros políticos ignoran las soluciones fáciles y no traumáticas? ¿Qué hay detrás del interés en mantener la situación actual? ¿Para quién gobiernan nuestros políticos?. Hay tantas preguntas sin respuesta, que al final se responden solas: CODICIA, CORRUPCIÓN Y FRAUDE.
