Una sentencia polémica

        Esta semana hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, a falta de publicar la sentencia con los hechos y los fundamentos jurídicos. Un poco sorprendente este adelanto para evitar filtraciones, parece ser. La conclusión antes de las premisas.

De los siete magistrados, dos votaron por la absolución. El resultado 5-2 se encuadra con la afiliación ideológica de ellos: conservadores y progresistas. Un dato muy relevante.

Alberto González Amador, en el TS

        Hemos visto declaraciones de la persona afectada, Alberto González Amador, del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de diversos periodistas.

Respecto del primero, su declaración fue impactante. Le habían hundido la vida y solo le quedaba “irse de España o suicidarse”. Afortunadamente no ha sido así y se ha comprado el ático que tenía alquilado como complemento al piso en propiedad que ya disfrutaba en el mismo edificio.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidencia de la CAM, confirmó qué su afirmación de qué presidencia del gobierno estaba detrás del asunto y había parado el pacto con la fiscalía propuesto por el abogado, se debía a su experiencia: peina canas, es periodista y político. No tenía otra base. No obstante, el juez Ángel Hurtado incluyó esta afirmación en el auto de procesamiento.

        Para mí, realmente, en lo que he podido seguir el caso, todo se enfanga tras las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso el 12 de marzo, tras una reunión del Consejo de Gobierno. Dice que es falso que su pareja deba dinero a Hacienda y qué es al revés. Qué todo se debe a una cacería política.

Al día siguiente por la noche el diario El Mundo publica una exclusiva que dice: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”.

Y esto fue el detonante de todo. La fiscalía negó que hubiera ofrecido un pacto de conformidad y qué este lo había propuesto el abogado del presunto defraudador fiscal.

A partir de entonces todo fue un maremágnum, tal que el 16 de octubre, siete meses después, era investigado por el Tribunal Supremo. Y poco más de un año después procesado y condenado como “autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años”.

Álvaro García, fiscal general

“La verdad no se filtra, la verdad se defiende” fue la frase que esgrimió Álvaro García Ortiz en su defensa al mismo tiempo que se declaraba inocente de haber sido quién filtrase la información. Algo que apoyaron los testigos periodistas, pero sin revelar sus fuentes por secreto profesional.

Continuará…