El caos y la mala imagen se han adueñado del
aeropuerto.
Inmensas colas se dibujan en los accesos a los controles, que implicaban
demora de horas, con todas sus consecuencias.
Los empleados de Eulen piden una mejora en sus
emolumentos, que tampoco parece un despropósito, y cuya principal razón viene
derivada de esos contratos de externalización de servicios u outsourcing que, en este caso, AENA
practica. Algo inaudito, pues se trata de un trabajo fijo, necesario y
permanente, que no debía de dar a externalización o licitación alguna, cuando
la respuesta son adjudicaciones del servicio a la baja que repercute
principalmente en los salarios de los trabajadores y no en el beneficio de la
empresa adjudicataria.
Así vemos como hoy en día gigantes, grandes y medianas
empresas incorporan personal cualificado, o no, a través de otras empresas cuyo
único objetivo es alimentar las plantillas de aquellas, sin que las mismas
tengan vínculo alguno con el personal, que incluso desarrolla su trabajo en las
propias sedes de las empresas contratantes. Todo un despropósito y un fraude de ley al que al
parecer nuestras autoridades no le prestan mayor atención. Lo importante es
mejorar las estadísticas de empleo como sea.
Tras la decisión de que los servicios mínimos debían de cubrir
el 90% y de que la Guardia Civil acudiese como refuerzo, la normalidad volvió
al aeropuerto. Algo que podría no
ajustarse a la normativa legal en vigor.
El derecho a la huelga está contemplado en la Constitución
Española,
artículo 28 y desarrollado en Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo. Y también es algo que tras 40 años en vigor debiera ser
revisado y adaptado a la actual situación.
En definitiva, hay
que actualizar el marco normativo laboral, tanto en lo que se refiere a la
externalización del trabajo, a la precariedad de los contratos y salarios, así
como al ejercicio al derecho de huelga. En Europa solo Grecia
tiene índices de desempleo similares a España. Por algo será.
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