Transparencia y honradez

Dos valores y  cuestiones tan primarias y obvias, requieren de una ley. Ello en si ya es alarmante e indica el exagerado nivel de corrupción alcanzado en nuestros estamentos públicos en los últimos años. Desde el caso Naseiro hasta el más reciente de los ERES, pasando por el caso Filesa o la trama Gürtell han venido demostrando que muchos políticos de diferentes partidos e ideologías, sí tenían un interés y causa comunes: Enriquecerse de forma rápida y abundante a cargo del dinero público. Su adscripción a un determinado partido sólo era una coartada y una póliza de seguros por si eran descubiertos. Se roba en nombre del partido y esto hace más tolerable tal actitud delictiva y criminal. 
 

Por eso bienvenida la ley y sobre todo su aplicación rigurosa, contundente y ejemplar para aquellos que osen apropiarse y malversar los caudales públicos.

La adjudicación de contratos, ya sean de servicios, suministros u obras, por las diferentes AA.PP. han ido progresivamente sirviendo de vehículo para los corruptos y corruptores, que encuentran en tales actividades el caldo de cultivo apropiado para desarrollar sus habilidades delictivas. Desde el que es sobornado todos los días con un simple desayuno hasta el más sofisticado que utiliza empresas en paraísos fiscales para evadir el fruto de sus tropelías, pasando por  empresas interpuestas creadas o no al efecto o el que cobra en efectivo, a través de los llamados “fondos de reptiles” que toda “empresa que se precia” tiene contemplados en sus presupuestos y que compatibiliza adecuadamente con su Responsabilidad Social Corporativa, Manuales de Buen Gobierno o Comportamiento Ético de sus Ejecutivos.

No hace mucho tiempo, un articulista de un conocido medio periodístico, defendía el papel del corruptor, en base a la necesidad que tenía para que su empresa no se viera aventajada por la competencia. ¿Es posible mayor despropósito?

Podría establecerse, sin temor a equivocarse mucho, que el dinero público distraído a través de las diferentes técnicas empleadas, puede significar entre el 1% y 2% del PIB. Y si sumamos el encarecimiento artificial del suelo,  de algunos servicios públicos y sueldos innecesarios, podríamos cifrar en más del 5% del PIB anual, que configura una notable parte de nuestro déficit público.

Por lo que si está ley consigue su objetivo -es el reto-  y se acompaña con una reforma fiscal en profundidad que minimice el fraude, en pocos años podemos alcanzar un crecimiento sostenido y sostenible, trabajo y empleo estables bien remunerados, un reparto de la riqueza más adecuado, una mejora del sistema de bienestar, lo que significa una mayor equidad y justicia social.

¡Poder es querer!