Una quita, legitimada

La última medida del gobierno, espectacular y no esperada, consiste en hacer frente a los pagos de aquellas administraciones públicas – Ayuntamientos y Comunidades- cuya gestión de pagos a sus proveedores es calamitosa. Todavía no se sabe el mecanismo que se va a aplicar, pero sea el que sea, pasará por empobrecernos aun más.

Esta práctica, no es nueva ni original. Es la que algunas empresas ya practicaban con sus proveedores en función de su tesorería. El llamar al proveedor de turno y ofrecerle un pago rápido, si aquel accedía a un determinado descuento, es más antiguo que el agua. Ahora, el gobierno le da carácter institucional, a lo que se puede denominar sin error, abuso de poder o predominio de situación. ¿Quién no va a querer cobrar más rápido, si los intereses se están comiendo los márgenes y cada vez es más difícil obtener liquidez?

El proceso normal de aquellas empresas que trabajan con las administraciones públicas, pasa por cobrar en el mejor de los casos a más de 180 días, salvo raras excepciones. Así la empresa, una vez en su poder la certificación o reconocimiento de la deuda, acude al banco a obtener liquidez de ese documento, para lo que entrega el mismo al banco a cambio de dinero con un descuento determinado en concepto de interés. A su vez la empresa, reconoce las facturas de sus proveedores y les entrega un pagaré o documento similar, que en el mejor de los casos el pago se produce a 210-240 días de terminado el producto o servicio prestado. Esta otra empresa, también acude al banco a descontar el pagaré y pagar una determinada cantidad por el adelanto del dinero. Y así sucesivamente.

Este proceso tan corriente, es el motor de nuestra economía. Una economía de empréstitos que junto con la voracidad empresarial de aumentar el beneficio, a pesar de tener un alto coste financiero asociado a su actividad, crea una espiral sin fin de inflación y crecimiento virtual o artificial. Dejando muy poco margen para esa mejora de beneficios sin límite, por lo que se acude al prorrateo de los costes asociados entre los trabajadores, que es lo que está ocurriendo. Mientras los bancos cuentan con un negocio redondo, dándose el caso de que por el mismo dinero cobran a tres o cuatro empresas implicadas en la cadena productiva.

Aquí está la verdadera reforma a hacer. Racionalizar la actividad y función de los bancos, evitar el despilfarro en las Administraciones Públicas, acabar con la corrupción y el fraude y no hacer recaer todo el peso sobre el grueso de la población, que vive con un sueldo más que ajustado y no participa de la fiesta codiciosa y obscena que algunos nos preparan sin nuestro consentimiento. Sin pudor ni moral alguna.