España, una democracia en peligro

Así es, tras estos casi tres años de gobierno del Partido Popular, no hay parangón posible con otra época reciente, que no sea la década de los años 30 del pasado siglo XX.

Con un aparente fuerte gobierno, secundado por una mayoría absoluta, hemos asistido a un desprestigio de las instituciones que no augura nada bueno.

El mapa político español está desecho. De ahí la surgencia de Podemos, un partido de reciente creación que ante la sorpresa de propios y extraños se ha aupado a los primeros puestos de la preferencia electoral de los españoles.

Con la dimisión del rey Juan Carlos, se pretendió dar un nuevo impulso a la institución monárquica, pero hasta la fecha no se ve nada en el horizonte que anticipe una mejora o una esperanza. El sucesor, Felipe VI, lejos de protagonizar de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, algún tipo de gesto que permitiera ver esa señal de cambio, de momento su perfil es más bien tibio.

Para mi la solución sería que el propio Partido Popular, salvo que se quiera autodestruir, sustituyese al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y emplease este tiempo que queda en lanzar mensajes claros y contundentes para la regeneración política.

Algo que debiera de pasar por:

1º) Un plebiscito del sistema de Estado, que diera soporte democrático al actual rey Felipe VI.

2º) Una reforma del sistema electoral, donde los representantes sean elegidos de forma nominal y creando una circunscripción única a nivel nacional en el caso de elecciones generales.

3º) Reforma del Senado, dotándole de una representación de los distintos territorios históricos, donde se diluciden y acuerden las necesidades y los intereses de los mismos.

4º) Eliminación por tanto de los parlamentos autonómicos, que tendrían en el Senado su foro de debate y participación.

5º) Unas elecciones locales, autonómicas y nacionales, donde se elijan de modo directo a los alcaldes y presidentes.

6º) La desaparición “sine qua non” del Ministerio de Justicia, transfiriendo todas sus competencias al Consejo General del Poder Judicial, dejando todo el sistema judicial en manos de los profesionales de la justicia, promoviendo la elección de sus cargos de forma interina.

7º) Modificación del Código Penal, agravando las penas para los delitos de corrupción: cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, etc. condicionando las penas a la devolución del importe sustraído y siendo agravante en su máxima acepción no hacerlo.

8º) Reforma de la Función Pública, estructurando la misma a las necesidades reales del país y acabando con todos los métodos de incorporación que no sean una oposición libre y transparente.

9º) Eliminación de todo asesor público que no pertenezca a la Administración General del Estado o sus símiles autonómicos y locales.

10º) Una comisión parlamentaria representativa de todos los ciudadanos deberá aprobar el déficit público y el nivel de deuda pública, al menos dos veces al año, coincidiendo con los semestres naturales.

Yo creo que con estas medidas, alejamos el peligro de desestabilización o involución. No podemos repetir nuestra historia mala.