Todo se debe a la impunidad con la que actúan, a la protección de los partidos políticos con sus miembros, a la lentitud y laxitud de la Justicia que le ocupa años enjuiciar y condenar a los culpables, como si hubiese una complicidad tácita. Es inadmisible desde cualquier punto de vista.
Evitarlo no se podrá evitar, probablemente. Siempre habrá alguien dispuesto a enriquecerse de forma ilícita y cobarde. Pero la frecuencia de casos es ya muy alarmante. No se trata de un partido u otro. Y eso solo ocurre porque la relación recompensa/castigo es muy alta.
En estos días vamos a ver, aun no es seguro, como el expresidente de la Generalidad de Cataluña se sienta en el banquillo de los acusados con 95 años cumplidos, tras una larga investigación e instrucción que ha durado más de una década. Todo apunta a que amasó una gran fortuna durante sus mandatos.
Otros casos similares también se siguen juzgando, mientras han aparecido otros que cuando se quieran juzgar, muchos ya no lo veremos. El olvido juega a su favor. Y la fortuna amasada, también.
Por eso es tan vital como necesario, que la sociedad civil se ponga a la altura que debe, más allá de fanatismos ideológicos y reprima con contundencia a todos esos partidos que no saben, no pueden o no quieren acabar con esa lacra. Es la única forma de atajarlo. Si un partido tiene entre sus miembros significativos un político corrupto debe de ser castigado en las urnas de forma clara y contundente.
Un político, o asimilado, debe de ser ejemplar, trabajador y honesto. No hay otra alternativa.
